Gran Canaria
Van a aumentar los delitos económicos por las circunstancias actuales de crisis económica y porque hemos hecho mal nuestro trabajo. Es conveniente aportar informes periciales que analicen las perspectivas mercantiles, además es necesaria una mejora legislativa en orden a la mejora de los sujetos activos del perímetro de entidades objeto de protección”. Con esta contundencia afirmó el director del área legal en Canarias en Ernst & Young Abogados, Agustín Calzada, en las I Jornadas sobre Delincuencia Económica, celebradas en Gran Canaria.
El abogado de Landwell Pricewaterhouse Coopers en Las Palmas, Ignacio Calatayud Prats, hizo hincapié en el análisis de los supuestos en los que el incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación tributaria para gozar del beneficio fiscal de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) puede dar lugar a que se cometa un delito de defraudación tributaria.
La RIC es un beneficio fiscal que pretende fomentar la inversión empresarial productiva y la creación de infraestructuras públicas en el Archipiélago Canario. Ésta ofrece la posibilidad de que los empresarios canarios puedan acceder a cuotas importantes de ahorro fiscal como contrapartida a su esfuerzo inversor con cargo a sus propios recursos.
Denunciar el delito
Pedro Bermejo Fontán, inspector de Hacienda y jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Las Palmas, habló de la obligación de denunciar el delito fiscal por parte de la Administración tributaria, haciendo una especial referencia a la RIC. Bermejo señaló que “la legislación sobre delitos fiscales, se reserva la persecución del delito a la Administración Tributaria, como única legitimada para promover el ejercicio de la acción penal, y exige el agotamiento previo de la vía administrativa y la necesidad de obtener una resolución firme sobre las actuaciones administrativas antes de iniciar el proceso penal”.
Por otra parte, Javier Ródenas Molina, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Tribunal Superior de Justicia de Canarias, destacó que “la práctica especulativa, esos procesos de búsqueda de ganancia inmediata ha generado una corrupción y un distanciamiento del cumplimiento del deber en el ejercicio de sus funciones y eso ha generado delitos de prevaricación urbanística. Estos delitos tienen un componente que es simultáneo de la comisión de otros delitos, como el blanqueo de capitales o de orden socioeconómico como el cohecho”.
Blanquear dinero
Miguel Ángel Montesdeoca Caballero, jefe de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la Caja Insular de Ahorros de Canarias en Las Palmas, explicó que los blanqueadores de dinero pretenden que sus beneficios obtenidos con las actividades delictivas sean reciclados, despojados de su origen criminal mediante la introducción en los circuitos financieros lícitos, hasta conseguir una apariencia de legalidad”. Para el experto, “esto lo hacen a través de la colocación, el ocultamiento y la integración. Pero también hay una mayor sofisticación de los sistemas de blanqueo como la colaboración de profesionales de toda índole en esta labor de blanqueo”. “También se puede realizar a través de operaciones de fraccionamiento (smurfing-structuring), la complicidad bancaria, el estudio y aprovechamiento de las excepciones a la obligación de identificar o comunicar y la mezcla de fondos lícitos e ilícitos”.
“Una de las claves para combatir el blanqueo de dinero desde las entidades financieras es aceptar únicamente a clientes cuya fuente de riqueza y de fondos se pueda verificar razonablemente como legítima, detectar las operaciones de riesgo y examinar y comunicar especialmente las operaciones sospechosas, así como la formación e información de los empleados”, indicó Montesdeoca.
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