Economía valora haber instrumentado esta posibilidad por si la situación lo requiere. Entidades y Banco de España reclaman que la interferencia pública sea “temporal” y que los estados clarifiquen por qué capitalizan las firmas.
E. Contreras
E. Contreras
La inyección de dinero procedente del erario público en bancos europeos y estadounidenses para reforzar sus niveles de solvencia se ha convertido en “casus belli” para la industria española. Los presidentes de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, arremetieron ayer contra esa práctica y mandaron sendos mensajes a los ejecutivos: al español que no secunde la medida y al comunitario (Bruselas) que obligue a los países que lo hacen a explicar por qué recapitaliza las entidades.
Quintás y Martín, reunidos en el foro sobre finanzas organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PriceWaterhouseCoopers (PwC), no fueron los únicos. Desde el sector, alzaron su voz contra esa práctica el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el vicepresidente y consejero delegado del Popular, Roberto Higueras, y con matices, también el Banco de España, a través del subgobernador José Viñals.
Solvencia versus incursión
Por la parte del Ejecutivo, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, subrayó que la “solvencia” de las entidades nacionales ha hecho innecesario acudir a dicho recurso. Sin embargo, la puerta está abierta al haberse aprobado el sistema. “Es –argumentó Vegara– evidente que la situación es extremadamente cambiante y lo que tiene que hacer el gobierno es dotarse de los mecanismos flexibles y razonables para poder afrontar una situación desconocida”.
España se adhirió en Washington al compromiso del G-20 para evitar la debacle financiera. Entre el paquete de iniciativas consensuadas, tenía cabida el impedir la quiebra de ninguna institución nueva dejando al arbitrio de los estados inyectar fondos a cambio de una participación en el capital.
Antes y después de este acuerdo, las sucesivas inyecciones de dinero público en entidades financieras en todo el mundo suman la escalofriante cifra de 130.000 millones de euros, según estimó el mismo secretario de Estado.
Para el sector es una solución de emergencia, válida pero sólo si se explica en detalle y tiene fecha de caducidad. “Sería un gran error deducir de lo sucedido que, una vez superada la crisis, debemos ir a más estado y menos mercado”, manifestó el subgobernador del Banco de España.
Las entidades temen a la tentación política de influir en la gestión si son una parte importante del accionariado. Pero hoy día, la inyección de los estados, que el presidente de Ceca calificó de “unilateral y ventajista”, perjudica al sector español. Y lo hace en la medida que ha elevado artificialmente los ratios de capital de los bancos auxiliados: Citi, por ejemplo, gozará de un Tier I superior al 14% frente al 7,60% de la banca española y lejos del 4% mínimo exigido por ley. Al final se trata de tasas que influyen en la asignación de las calificaciones crediticias en la deuda que emitan y que el mercado es incapaz de discriminar ante la falta de explicación.
“Es crucial que los gobiernos y los reguladores aseguren un level playing field –un campo de juego nivelado– y que unos bancos no cuenten con ventajas frente a otros”, pidió Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander, que acaba de ampliar un 25% su capital precisamente para equipararse a los ratios de sus rivales europeos auxiliados con fondos públicos.
Relajación normativa
Sáenz denunció la laxitud de algunos supervisores y gobiernos, permitiendo a sus bancos computar como recursos propios de primera categoría instrumentos de cierto riesgo (híbridos). Denuncia en la que coincidió el presidente de la AEB. Según Martín, algunos estados estarían recapitalizado sus entidades “o bien porque les aplican una regulación futura o porque piensan que los balances actuales no reflejan la realidad de sus riesgos o pérdidas actualmente”.
Y es que uno de los efectos de la actual crisis es un profundo cambio regulatorio sobre el que ya se han esbozado algunos criterios. A futuro, se exigirá mayores colchones de capital para productos complejos (CDOs, ABS..), para vehículos de inversión estructurados (conduits, SIVs..) y en función del riesgo inherente a la cartera de negociación, junto a mayores provisiones.
La AEB sospecha que algunos países podrían estar ayudando a sus bancos a adaptar por anticipado esas futuras exigencias. “Nada de eso está en la banca española, por lo tanto, la futura exigencia de capital ya la tenemos incorporada”, concluyó. Pero el mercado duda.
Quintás y Martín, reunidos en el foro sobre finanzas organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PriceWaterhouseCoopers (PwC), no fueron los únicos. Desde el sector, alzaron su voz contra esa práctica el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el vicepresidente y consejero delegado del Popular, Roberto Higueras, y con matices, también el Banco de España, a través del subgobernador José Viñals.
Solvencia versus incursión
Por la parte del Ejecutivo, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, subrayó que la “solvencia” de las entidades nacionales ha hecho innecesario acudir a dicho recurso. Sin embargo, la puerta está abierta al haberse aprobado el sistema. “Es –argumentó Vegara– evidente que la situación es extremadamente cambiante y lo que tiene que hacer el gobierno es dotarse de los mecanismos flexibles y razonables para poder afrontar una situación desconocida”.
España se adhirió en Washington al compromiso del G-20 para evitar la debacle financiera. Entre el paquete de iniciativas consensuadas, tenía cabida el impedir la quiebra de ninguna institución nueva dejando al arbitrio de los estados inyectar fondos a cambio de una participación en el capital.
Antes y después de este acuerdo, las sucesivas inyecciones de dinero público en entidades financieras en todo el mundo suman la escalofriante cifra de 130.000 millones de euros, según estimó el mismo secretario de Estado.
Para el sector es una solución de emergencia, válida pero sólo si se explica en detalle y tiene fecha de caducidad. “Sería un gran error deducir de lo sucedido que, una vez superada la crisis, debemos ir a más estado y menos mercado”, manifestó el subgobernador del Banco de España.
Las entidades temen a la tentación política de influir en la gestión si son una parte importante del accionariado. Pero hoy día, la inyección de los estados, que el presidente de Ceca calificó de “unilateral y ventajista”, perjudica al sector español. Y lo hace en la medida que ha elevado artificialmente los ratios de capital de los bancos auxiliados: Citi, por ejemplo, gozará de un Tier I superior al 14% frente al 7,60% de la banca española y lejos del 4% mínimo exigido por ley. Al final se trata de tasas que influyen en la asignación de las calificaciones crediticias en la deuda que emitan y que el mercado es incapaz de discriminar ante la falta de explicación.
“Es crucial que los gobiernos y los reguladores aseguren un level playing field –un campo de juego nivelado– y que unos bancos no cuenten con ventajas frente a otros”, pidió Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander, que acaba de ampliar un 25% su capital precisamente para equipararse a los ratios de sus rivales europeos auxiliados con fondos públicos.
Relajación normativa
Sáenz denunció la laxitud de algunos supervisores y gobiernos, permitiendo a sus bancos computar como recursos propios de primera categoría instrumentos de cierto riesgo (híbridos). Denuncia en la que coincidió el presidente de la AEB. Según Martín, algunos estados estarían recapitalizado sus entidades “o bien porque les aplican una regulación futura o porque piensan que los balances actuales no reflejan la realidad de sus riesgos o pérdidas actualmente”.
Y es que uno de los efectos de la actual crisis es un profundo cambio regulatorio sobre el que ya se han esbozado algunos criterios. A futuro, se exigirá mayores colchones de capital para productos complejos (CDOs, ABS..), para vehículos de inversión estructurados (conduits, SIVs..) y en función del riesgo inherente a la cartera de negociación, junto a mayores provisiones.
La AEB sospecha que algunos países podrían estar ayudando a sus bancos a adaptar por anticipado esas futuras exigencias. “Nada de eso está en la banca española, por lo tanto, la futura exigencia de capital ya la tenemos incorporada”, concluyó. Pero el mercado duda.
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